La policía brasileña ha embargado 359 zonas desforestadas que ocupan unos 630 kilómetros cuadrados e impuesto multas por unos 142,5 millones de euros en una operación desde hace tres meses para reprimir la tala ilegal en la Amazonía, informaron fuentes oficiales.
El balance fue divulgado hoy en una reunión entre la dirección de la Policía Federal brasileña y el ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, para decidir nuevas acciones contra hacendados, colonos y madereros acusados de devastar la mayor selva tropical del mundo.
Según el ministro de Medio Ambiente, las 359 áreas fueron embargadas porque sus propietarios las desforestaron ilegalmente suman 630 kilómetros cuadrados.
Las operaciones también han permitido el decomiso de 79.300 metros cúbicos de madera en troncos y de 26.700 metros cúbicos de madera ya procesada.
Minc explicó que el balance forma parte de la llamada Operación Arco del Fuego, que el Gobierno lanzó hace tres meses y que cuenta con la participación de cientos de agentes de la Policía Federal y de fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) para reprimir la creciente deforestación del mayor pulmón del mundo.
La operación tiene como objetivo reprimir madereros ilegales en los 36 municipios en los que más ha avanzado la deforestación de la Amazonía en los últimos meses.
La iniciativa fue puesta en marcha después que las mediciones por satélite divulgadas a comienzos del año indicaran que, tras tres años consecutivos de reducción, la deforestación en la Amazonía había vuelto a crecer desde agosto del año pasado y a un ritmo considerado como preocupante por el Gobierno.
Pese a la operación, las imágenes de satélite divulgadas esta semana mostraron que la deforestación siguió creciendo y que la Amazonía había perdido cerca de 978 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal apenas en abril, frente a 145 kilómetros cuadrados en marzo.
Esa superficie devastada puede ser mayor debido a que los imágenes utilizadas para la medición apenas detectan la tala en áreas mayores de 25 hectáreas y tienen grandes limitaciones en días nublados o lluviosos.
El Gobierno apenas tendrá información más precisa sobre el área desforestada en agosto próximo, cuando terminará el estudio con imágenes de otros satélites que tienen mejor resolución.
Según Minc, la policía exigirá a todas las empresas siderúrgicas, fabricantes de muebles y de cerámica que actúan en la Amazonía que entreguen certificados para demostrar que están adquiriendo madera o carbón vegetal de empresas que explotan la selva en forma legal y sustentable.
Las empresas que no consiga garantizar el origen certificado de la madera o del carbón vegetal que utilizan serán corresponsabilizadas por la destrucción de la Amazonía, explicó el ministro.
El balance fue divulgado hoy en una reunión entre la dirección de la Policía Federal brasileña y el ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, para decidir nuevas acciones contra hacendados, colonos y madereros acusados de devastar la mayor selva tropical del mundo.
Según el ministro de Medio Ambiente, las 359 áreas fueron embargadas porque sus propietarios las desforestaron ilegalmente suman 630 kilómetros cuadrados.
Las operaciones también han permitido el decomiso de 79.300 metros cúbicos de madera en troncos y de 26.700 metros cúbicos de madera ya procesada.
Minc explicó que el balance forma parte de la llamada Operación Arco del Fuego, que el Gobierno lanzó hace tres meses y que cuenta con la participación de cientos de agentes de la Policía Federal y de fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) para reprimir la creciente deforestación del mayor pulmón del mundo.
La operación tiene como objetivo reprimir madereros ilegales en los 36 municipios en los que más ha avanzado la deforestación de la Amazonía en los últimos meses.
La iniciativa fue puesta en marcha después que las mediciones por satélite divulgadas a comienzos del año indicaran que, tras tres años consecutivos de reducción, la deforestación en la Amazonía había vuelto a crecer desde agosto del año pasado y a un ritmo considerado como preocupante por el Gobierno.
Pese a la operación, las imágenes de satélite divulgadas esta semana mostraron que la deforestación siguió creciendo y que la Amazonía había perdido cerca de 978 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal apenas en abril, frente a 145 kilómetros cuadrados en marzo.
Esa superficie devastada puede ser mayor debido a que los imágenes utilizadas para la medición apenas detectan la tala en áreas mayores de 25 hectáreas y tienen grandes limitaciones en días nublados o lluviosos.
El Gobierno apenas tendrá información más precisa sobre el área desforestada en agosto próximo, cuando terminará el estudio con imágenes de otros satélites que tienen mejor resolución.
Según Minc, la policía exigirá a todas las empresas siderúrgicas, fabricantes de muebles y de cerámica que actúan en la Amazonía que entreguen certificados para demostrar que están adquiriendo madera o carbón vegetal de empresas que explotan la selva en forma legal y sustentable.
Las empresas que no consiga garantizar el origen certificado de la madera o del carbón vegetal que utilizan serán corresponsabilizadas por la destrucción de la Amazonía, explicó el ministro.
EFE.
Publicación realizada gracias a la colaboración de Anabella Koesling
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